En resumen, la querella plantea que Hermosilla pudo haber intentado mover influencias dentro de la Corte Suprema para conseguir un determinado resultado en el caso Luchsinger-Mackay. Ahora se pide investigar si esas gestiones existieron y, de haber existido, si fueron ilegales.
Una nueva arista judicial vinculada al corrupto abogado Luis Hermosilla quedó abierta tras la presentación de una querella criminal que cuestiona presuntas gestiones realizadas durante 2018 para influir en la decisión de la Corte Suprema en el denominado caso Luchsinger-Mackay.
La acción fue presentada por la abogada Karina Riquelme, en representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, y fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El libelo atribuye a Hermosilla eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
Chats y contactos con integrantes de la Corte Suprema
Los antecedentes expuestos en la querella se remontan a agosto de 2018, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema debía resolver un recurso de nulidad presentado en el marco del proceso por la muerte del matrimonio integrado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
Según los antecedentes difundidos, la acción judicial incorpora conversaciones entre Hermosilla y el abogado José Ramón Correa, en las que se abordaba la posibilidad de realizar gestiones ante integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal.
En uno de los intercambios, Hermosilla habría consultado a Correa sobre quién era una persona cercana dentro de esa sala. La respuesta habría apuntado al entonces ministro Manuel Valderrama. Posteriormente, según la querella, Hermosilla habría planteado la necesidad que el recurso de nulidad fuera rechazado, argumentando que un nuevo juicio tendría consecuencias negativas para el proceso judicial en La Araucanía.
La querella sostiene además que se produjeron comunicaciones destinadas a transmitir ese planteamiento al magistrado. Entre los antecedentes citados aparece un contacto telefónico de Hermosilla con Valderrama, seguido de mensajes en los que Correa habría informado sobre la recepción de dicha comunicación.
Estos hechos son presentados por la parte querellante como posibles actos destinados a ejercer influencia sobre integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, se trata de imputaciones contenidas en una acción judicial y su eventual carácter delictivo deberá ser determinado por la investigación correspondiente.
En resumen, la querella plantea que Hermosilla pudo haber intentado mover influencias dentro de la Corte Suprema para conseguir un determinado resultado en el caso Luchsinger-Mackay. Ahora se pide investigar si esas gestiones existieron y, de haber existido, si fueron ilegales.
En 2018, la Corte Suprema tenía que decidir si anulaba o mantenía el juicio y las condenas relacionadas con el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
Según la nueva querella, Hermosilla habría realizado gestiones para que la Corte Suprema no anulara el juicio. Para eso, según la acusación, habría conversado con el abogado José Ramón Correa, quien tendría vínculos con el entonces ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama.
La querella sostiene que hubo conversaciones y contactos destinados eventualmente a hacer llegar una determinada posición a integrantes de la Corte.
Por esos hechos, se acusa a Hermosilla de posibles delitos como tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
¿Qué resuelve la Corte Suprema?
El episodio se produjo en una etapa decisiva del proceso por el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido en enero de 2013 en Vilcún, en la Región de La Araucanía.
En 2018, la Corte Suprema debía pronunciarse sobre un recurso de nulidad presentado contra las condenas dictadas en la causa. Finalmente, el máximo tribunal rechazó el recurso y mantuvo las condenas, aunque modificó la calificación jurídica al descartar el carácter terrorista de los delitos, con la consecuente reducción de las penas.
La nueva querella no busca reabrir ese proceso ni modificar lo resuelto entonces por la Corte Suprema. Su objetivo es que se investigue si las comunicaciones y eventuales gestiones atribuidas a Hermosilla constituyeron delitos y si existió participación de otras personas.