El ahora exfuncionario acusa haber sido desvinculado en medio de licencias médicas por problemas de salud derivados de hostigamiento laboral, mientras que informes de Contraloría cuestionan la falta de fiscalización del organismo a nivel nacional.
Un polémico episodio se ha generado en las últimas semanas al interior del Ministerio de Obras Públicas que finalizó con la desvinculación del superintendente de Servicios Sanitarios de La Araucanía, Joan Milanca, tras 18 años de trayectoria en la institución.
Milanca señala que la controversia comenzó luego que se emitiera el oficio número 1421, enviado el pasado dos de abril a dirigentes de distintos comités de Agua Potable Rural (APR).
El afectado añade que el documento exigía el cumplimiento de la Ley Número 20.998 y reiteraba la necesidad de acatar la normativa vigente para evitar sanciones. El denunciante asegura que la acción habría generado molestia en algunos personeros políticos, entre ellos el senador Francisco Huenchumilla, quien habría criticado la medida y defendido a los comités pidiendo «gradualidad y apoyo», respaldando a la federación de APR que declaró sentirse «amenazada».
Tres días después del requerimiento, el 10 de abril, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) habría aplicado al funcionario una anotación de demérito, la única en toda su carrera. La jefatura fundamentó la medida en el impacto reputacional derivado de la reacción externa, sin cuestionar la legalidad del oficio ni las facultades fiscalizadoras de Milanca.
A partir de ese momento, el encargado regional dice haber comenzado a recibir hostigamiento laboral. Tras acudir al nivel central del servicio sin obtener respuesta, presentó denuncias ante la Contraloría General de la República. Milanca asegura que el conflicto habría afectado gravemente su salud, sufriendo un evento cardíaco que requirió licencia médica tras ser diagnosticado con angina inestable de alto riesgo y, posteriormente, con un trastorno ansioso-depresivo asociado al contexto de trabajo. En medio de este panorama, el 15 de mayo, el profesional fue notificado de la resolución de término anticipado de su contrato.
Cuestionamientos a la fiscalización de la SISS
Este despido coincide con la revelación de una serie de informes de Contraloría que advierten graves falencias estructurales en la labor fiscalizadora de la SISS a nivel nacional, acusando precisamente una falta de controles en terreno.
Milanca asegura que el Informe Final número 51 del año 2026 detectó una ausencia total de fiscalizaciones presenciales durante años en determinados servicios sanitarios, hallando posteriormente instalaciones eléctricas deficientes, acumulación de residuos y deterioro de infraestructura. A esto se suman retrasos de hasta un año en evaluaciones y falta de criterios claros para definir los planes de inspección.
Por su parte, el Informe de Investigación Especial número 358 del año 2025 concluyó que la SISS no verificó la información entregada por empresas concesionarias, permitiendo postergaciones de obras sin control efectivo, incluso en concesiones que llevaban más de 20 años sin operar. En esa misma línea, el Informe Final número 711 del año 2025 constató una fiscalización insuficiente en el emisario submarino de Arica, acusando escasas inspecciones y riesgos sanitarios asociados a la contaminación de las aguas.