Los traspasos, realizados entre los años 2023 y 2024, corresponden al periodo del exgobernador Luciano Rivas y, según los antecedentes presentados por la actual administración, incluirían firmas vinculadas a familiares de figuras políticas de derecha de la zona.
El Ministerio Público lidera una investigación por presuntas irregularidades en la transferencia de más de 8 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía hacia diversas empresas.
Los traspasos, realizados entre los años 2023 y 2024, corresponden al periodo del exgobernador Luciano Rivas y, según los antecedentes presentados por la actual administración, incluirían firmas vinculadas a familiares de figuras políticas de la zona.
La indagatoria, que cuenta con el apoyo de la PDI en Temuco, cobró fuerza tras la denuncia del gobernador regional, René Saffirio. La autoridad señaló que existe un cuestionamiento crítico sobre el uso de estos fondos, revelando que a la mayoría de las entidades receptoras se les rechazó casi la totalidad de sus rendiciones de gastos.
«Se rechazó el 81,9 por ciento de los recursos que les fueron entregados a estas empresas», precisó el gobernador Saffirio, detallando casos específicos como los de Inversiones el Refugio, Sociedad Inversiones Martini, Comercial MK Chile Limitada e Inversiones MAK. En este grupo de firmas, a las que se les asignaron 199 millones de pesos, el rechazo de las rendiciones alcanzó el 100 por ciento.
Vínculos políticos y acciones legales
Si bien estas transferencias se manejan de forma independiente al denominado Caso Convenios, el contexto de la investigación apunta a nexos entre los beneficiarios y el entorno de parlamentarios y dirigentes de partidos de derecha. Entre los antecedentes analizados por la Fiscalía figuran asignaciones a empresas relacionadas con familiares del exdiputado Diego Paulsen y del exdirigente republicano Alejandro Martini.
Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno Regional confirmó la presentación de una querella criminal para determinar responsabilidades penales en el manejo de estos recursos públicos, mientras el ente persecutor continúa con el peritaje de los flujos financieros y los contratos suscritos durante la gestión anterior.