El nuevo decreto endurece las penas por manifestaciones, penaliza la convocatoria en redes sociales e involucra a menores y militares, en una línea de restricción del malestar callejero que analistas comparan con la gestión del expresidente de Chile.
El Gobierno de Italia liderado por la primera ministra de extrema derecha, Giorgia Meloni, ha aprobado un nuevo paquete de medidas por decreto diseñado para restringir de forma severa la protesta social y contener el malestar que se registra en este país europeo.
El marco normativo introduce sanciones drásticas contra la movilización y la convocatoria digital, en lo que diversos observadores señalan como una estrategia para desmotivar la protesta social, frenar las manifestaciones masivas y aumentar el castigo penal.
Esta postura reactiva y punitiva frente a la protesta evoca las medidas adoptadas en su momento en América Latina por el expresidente chileno Gabriel Boric, quien también recurrió al endurecimiento de penas, la persecución de manifestantes y la contención del descontento en las calles tras llegar al poder.
Claves del nuevo decreto de seguridad en Italia:
Creación de un nuevo delito por participación en protestas: Se castigará con penas de 2 a 5 años de prisión a quienes se integren en grupos de cinco o más personas durante manifestaciones y lancen objetos peligrosos (como piedras, petardos, palos o bengalas). La pena se incrementará de forma agravada si los manifestantes cubren sus rostros con máscaras o si se producen lesiones a terceros.
Persecución de la promoción de grupos en redes: Se contempla una condena de 4 a 12 años de cárcel para quienes promuevan o incentiven la formación de grupos dedicados a manifestaciones violentas, extendiendo la responsabilidad penal a la difusión realizada a través de medios informáticos o plataformas telemáticas.
Endurecimiento de medidas contra menores: Se expande la figura del arresto en flagrancia diferida (hasta 48 horas después del suceso a través de pruebas de vídeo o redes sociales) para menores de edad involucrados en saqueos, devastación o daños materiales colectivos.
Sanciones económicas a las familias: Se responsabiliza financieramente a los padres o tutores de los menores implicados, imponiéndoles multas destinadas a cubrir la totalidad de los costos por los destrozos en la vía pública o comercios.
Despliegue militar extraordinario: Se ha autorizado el envío de 500 militares adicionales a las calles de Milán hasta finales de 2026 para labores de patrullaje. La decisión llega tras graves altercados que dejaron más de 100 agentes policiales heridos. No obstante, por objeción del presidente de la República, Sergio Mattarella, los efectivos desplegados no contarán con facultades policiales directas.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Meloni consolida una agenda de «tolerancia cero» ante la alteración del orden público, intensificando el aparato punitivo del Estado frente a la creciente conflictividad social en las principales ciudades italianas.
Director y periodista de ElPeriódico.cl