El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestó su rechazo y máxima alerta ante la emisión del Ordinario 1691 de la Dirección de Educación Pública (DEP), documento que establece ajustes de dotación y la reducción del presupuesto para los Servicios Locales de Educación Pública (Slep).
El Colegio de Profesoras y Profesores manifestó su rechazo y máxima alerta ante la emisión del Ordinario 1691 de la Dirección de Educación Pública (DEP), documento que establece ajustes de dotación y la reducción del presupuesto para los Servicios Locales de Educación Pública (Slep).
El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó tanto el fondo como la forma de la circular. «Tengo acá el Ordinario 1691 de la DEP, y creo que nunca un nombre fue tan propio de un documento: ordinario. Porque lo que se quiere hacer con la educación chilena con las orientaciones de este documento es una ordinariez. Acá se está atentando contra la educación pública», sostuvo el dirigente.
El líder gremial acusó directamente al Ministerio de Hacienda de impulsar decisiones que precarizan el sistema escolar.
«Estas son orientaciones que emanan de instructivos del Ministerio de Hacienda, que está hoy día prácticamente dirigiendo el país y definiendo absolutamente todo lo que ocurra en materia de salud, educación y otros derechos sociales, lo cual no corresponde», afirmó Aguilar.
Entre las medidas contempladas, el instructivo indica fusionar cursos para llevarlos al tope legal de 35 estudiantes por sala, decisión que el gremio considera un retroceso. «Esto demuestra una total desconexión con la pedagogía moderna y la neurodiversidad. La tendencia hoy es que debe haber menos estudiantes por sala. Hoy la exigencia es una atención personalizada para atender a la neurodiversidad dentro del aula. Ahora quieren empeorar la situación llevando los cursos a 35 estudiantes. Eso es un atentado directo contra nuestros niños y niñas», transparentó el presidente del gremio.
Asimismo, Aguilar cuestionó que el documento catalogue como «cargos complementarios» las funciones de profesor jefe, coordinador de ciclo o encargado de departamento, señalando que «quien escribe esto no tiene idea cómo funciona un colegio, no tiene idea la importancia del profesor jefe ni la necesidad de coordinar departamentos de asignaturas».
El dirigente detalló otros cuatro puntos clave del instructivo que calificó de «aberraciones» y «brutales ajustes»:
Retraso en atención a necesidades especiales: Se orienta a contratar a los profesionales que atienden a niños con necesidades educativas especiales permanentes recién en abril, dejando a los estudiantes sin atención durante marzo. Según el gremio, esto vulnera el Estatuto Docente y daña los avances en inclusión.
Prohibición de reemplazos por licencias cortas: Se prohíbe reemplazar ausencias docentes por licencias médicas inferiores a siete días. «Si hay una licencia de cinco días, durante toda esa semana no habrá reemplazo. ¿Qué significa eso? Estudiantes que no serán atendidos», cuestionó Aguilar.
Congelamiento de vacantes por jubilación: Los docentes que dejen el sistema por edad de retiro y reciban el bono correspondiente no deberán ser reemplazados de forma taxativa.
Fomento de desvinculaciones: En un contexto de desempleo, el texto promueve la salida de personal necesario en los establecimientos.
Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores advirtió que la crisis se agudizará si estos recortes afectan la mantención de infraestructura y el material pedagógico. «La educación está en una grave amenaza y llamo a las comunidades educativas, no solo a los profesores, a ponernos en alerta, porque esto tenemos que impedirlo», concluyó.