Inversiones El Alba, la empresa de combustibles del ministro Alvarado y los millonarios contratos con el Estado en Chiloé

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Una revisión a los registros públicos reveló que la sociedad ligada a Claudio Alvarado ha recibido cuantiosos fondos fiscales en la Provincia de Chiloé, reviviendo los cuestionamientos por un conflicto de interés en medio del congelamiento de precios anunciado por el Ejecutivo.

La Sociedad de Inversiones El Alba, empresa del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, percibió más de 100 millones de pesos por parte de organismos públicos en la Provincia de Chiloé durante el periodo comprendido entre 2013 y 2024. Así lo constató una investigación realizada sobre las órdenes de compra disponibles en el portal Mercado Público.

Este antecedente cobra vigencia en el escenario actual de movilizaciones y negociaciones. Este jueves, el propio Alvarado anunció que el Gobierno congelará las alzas de los combustibles, beneficiando directamente al rubro en el que opera su propia compañía.

Tras sostener una reunión en el Palacio de La Moneda con gremios del transporte que no adhirieron al paro, el ministro informó que los precios se mantendrán estables hasta los primeros días de febrero de 2027.

Para materializar esta medida, el Gobierno reingresará al Congreso un proyecto destinado a frenar el incremento estipulado por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). De acuerdo con estimaciones de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el diésel contemplaba un incremento de 41,9 pesos por litro, mientras que las gasolinas pretendían subir 38,7 pesos.

Adicionalmente, el Gobierno ofreció extender hasta diciembre de 2027 la recuperación del impuesto específico destinado al transporte de carga. Pese a los ofrecimientos oficiales, los camioneros decidieron mantener las movilizaciones.

Por su parte, Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, detalló que solicitaron un plazo de 120 días al ministro Alvarado para lograr un congelamiento efectivo en las tarifas de los combustibles.

Radiografía de Inversiones El Alba en Quellón

De acuerdo con antecedentes de ElDesconcierto.cl, Alvarado constituyó la sociedad en el año 2005 en compañía de Víctor Almonacid Navarro, en la época en que ejercía como diputado por la zona de Chiloé.

Según registros del Servicio de Impuestos Internos, la compañía se enfoca en la comercialización minorista de combustibles para vehículos, venta de gas licuado en cilindros y distribución de repuestos automotrices, operando una estación de servicio con domicilio en la comuna de Quellón.

Gran parte de los vínculos contractuales con el Estado se concentran en dicha localidad, destacando los convenios ejecutados con el Hospital de Quellón. A esto se agregan 35,7 millones de pesos recibidos por concepto de bonificación a empleadores, un subsidio estatal orientado a fomentar la contratación laboral en zonas extremas del país.

Si bien Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, indicó anteriormente que las operaciones se apegaron formalmente a la normativa vigente, surgieron alertas tras una compra ágil registrada en julio de 2024, donde la empresa cotizó un valor de 1.079 pesos pero terminó percibiendo el pago correspondiente a la oferta más elevada, equivalente a 1,8 millones de pesos. A raíz de esta situación, el recinto hospitalario instruyó una indagatoria interna.

Las dudas en torno a la participación societaria

Los cuestionamientos contra la autoridad de Gobierno no son nuevos. En marzo pasado, en plena discusión parlamentaria sobre la Ley de Emergencia para frenar el incremento de los combustibles, la diputada Gael Yeomans y otros legisladores del Frente Amplio denunciaron un posible conflicto de interés, recriminando que el ministro no se marginara del debate legislativo.

Frente a las críticas en la Sala de la Cámara de Diputados, Alvarado exigió a los parlamentarios informarse con rigurosidad, enfatizando que su declaración de patrimonio es de carácter público y defendiendo que posee el legítimo derecho a desarrollar actividades comerciales.

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que se había desligado de la administración de la firma, traspasando dichas responsabilidades a su socio Víctor Almonacid. Sin embargo, los últimos registros públicos obtenidos del Diario Oficial únicamente evidencian la modificación en la administración de la empresa, sin que conste formalmente una cesión de derechos sobre la propiedad de la sociedad.

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