Un grupo de 12 agrupaciones nacionales e internacionales manifestó su inquietud frente a las detenciones originadas por alertas de plataformas digitales, advirtiendo un posible impacto en la privacidad y la libertad de expresión.
Un total de 12 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión emitieron un pronunciamiento conjunto para demandar a la empresa tecnológica Meta y a la PDI mayor claridad respecto a los avisos enviados a la autoridad policial por supuestas amenazas dirigidas al presidente José Kast.
La inquietud de las entidades surge tras hacerse públicas diversas indagatorias y arrestos derivados de reportes generados directamente por redes sociales. De acuerdo con antecedentes entregados por la propia institución policial, estas notificaciones corporativas contienen tanto el mensaje cuestionado como los antecedentes básicos de la cuenta, elementos que resultan determinantes para dar curso a las diligencias de identificación de los usuarios.
Desde el bloque de agrupaciones señalaron con preocupación que este tipo de monitoreo y posterior reporte estaría alcanzando incluso a entornos de conversación privada, situación que claramente amenaza con restringir el ejercicio de la sátira y el intercambio de ideas en el espacio público.
En su declaración, sostuvieron que «la protección de la seguridad debe realizarse con pleno respeto a los derechos y libertades que sostienen una sociedad democrática».
Asimismo, las entidades hicieron un llamado a que se divulguen las bases legales, los parámetros utilizados para detectar estos contenidos y las normativas de manejo de información personal que rigen dicho procedimiento. Junto con ello, exigieron que exista una evaluación humana capaz de ponderar el contexto en que se emiten los mensajes, además de asegurar una rigurosa supervisión judicial ante cualquier medida que implique limitar garantías constitucionales.
Como medida concreta frente a vulneraciones de derechos, la Ong Confianza Digital comunicó que iniciará las acciones judiciales correspondientes para clarificar el funcionamiento de este sistema y determinar las responsabilidades que correspondan.
El documento cuenta con el respaldo de Ong Confianza Digital, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Asociación Argentina de Usuarios de Internet (Internauta Argentina), Ipandetec, Fundación Datos Protegidos, Article 19 México y Centroamérica, la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en Chile (Cofle), la Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios (Anamic), la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, Derechos Digitales América Latina, Digital Action y Ong Amaranta.
Director y periodista de ElPeriódico.cl