El organismo estableció que la exautoridad no se ajustó a sus funciones ni cumplió con el deber de abstención al solicitar antecedentes sobre una causa penal en curso.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública del actual gobierno, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones que le confiere la ley al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal vigente.
El pronunciamiento responde a los requerimientos presentados por tres parlamentarios. El análisis se centró en el oficio reservado número 28, emitido el 13 de marzo del año 2026, donde Steinert exigió una nómina con nombres, cédulas de identidad, grados y antecedentes disciplinarios del personal de una Brigada Antinarcóticos relacionada con la causa del denominado «Clan Chen».
El órgano fiscalizador determinó que dicha solicitud excede la facultad general de requerir informes, puesto que esa atribución debe ejercerse para fines de planificación institucional y no puede utilizarse cuando afecte una investigación en curso. Asimismo, advirtió que la exsecretaria de Estado debió cumplir con el deber de abstención, ya que la unidad policial afectada había colaborado con ella cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, configurándose un conflicto de interés potencial.
Por otra parte, el dictamen abordó la salida de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña San Miguel, resolviendo que su retiro absoluto se ajustó a derecho y fue dispuesto conforme a las facultades de la ley orgánica de la policía civil. Finalmente, la Contraloría descartó la disolución de la Unidad Estratégica del ministerio, aclarando que la repartición se mantiene vigente bajo el nombre de Unidad Ministerial Estratégica.