Iniciativa impulsada desde la billetera pública facilitó la aprobación ambiental del complejo Alto Santorini en Concón, donde Víctor Quiroz figura como socio y lobista, ignorando además advertencias técnicas sobre riesgos de derrumbe.
Un polémico escenario salpica nuevamente la agenda antidetección de trabas administrativas del gobierno de Kast. Según informa un reportaje de CIPER, el plan para dinamizar la tramitaciones ambientales y combatir la denominada «permisología», liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó por dejar al descubierto el camino a un multimillonario desarrollo inmobiliario en el que su propio hermano, Víctor Quiroz, posee una participación del 12 por ciento, además de ejercer como proyectista y lobista.
La luz verde para el proyecto Alto Santorini en Concón, valorado en 43,6 millones de dólares, se materializó el 8 de julio pasado. La decisión se produjo bajo los nuevos lineamientos de aceleración promovidos por el gobierno de Kast, que instauraron una plataforma de monitoreo y un comité de subsecretarios coordinado por la cartera.
Este mecanismo de seguimiento interministerial ha sido cuestionado por su falta de registros públicos y actas oficiales. Al respecto, el director de Chile Transparente, Michel Figueroa, alertó sobre la discrecionalidad del sistema, señalando que la falta de criterios claros para priorizar iniciativas deja abierta la puerta a situaciones de tráfico de influencias o conflictos de interés no declarados.
En paralelo al despliegue de esta estructura estatal, Víctor Quiroz desarrolló gestiones de lobby en la Región de Valparaíso para destrabar la obra, paralizada tras el colapso del edificio Kandinsky en el año 2023. Entre las reuniones registradas se cuenta una audiencia con el delegado presidencial y presidente de la Comisión de Evaluación de Valparaíso, Manuel Millones, sostenida solo un mes antes de la resolución favorable.
La aprobación se concretó pese a las objeciones del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismo que advirtió sobre la persistencia de peligros por remoción en masa y deslizamientos en la zona dunar. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional resolvió desestimar dicho pronunciamiento técnico argumentando que la geomorfología no constituye un objeto de protección directo en el sistema, postergando los estudios de riesgo para una etapa posterior dentro de un plan de contingencias de la propia empresa.
A este escenario se suman cuestionamientos por omisiones en las declaraciones del secretario de Estado. Mientras empuja en el Congreso la tramitación de la «Ley Miscelánea», que incluye incentivos tributarios y de aceleración para el rubro inmobiliario, el ministro Quiroz no detalló en su Declaración de Patrimonio los vínculos de su hermano con el estudio Quiroz y Puelma Arquitectos, firma ligada históricamente a desarrollos en el sector.
