Acción legal apunta a la gestión del polémico exgobernador Luciano Rivas tras un informe final de la Contraloría que detectó graves anomalías en 10 convenios celebrados entre 2022 y 2023.
El Gobierno Regional de La Araucanía presentó una denuncia ante el fiscal regional subrogante, César Schibar, por delitos económicos que involucran 21 mil 804 millones de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chile.
La acción legal apunta a 10 convenios suscritos durante la administración del exgobernador Luciano Rivas y contempla imputaciones por fraude al Fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos.
La denuncia surge tras un informe final elaborado por la Contraloría Regional de La Araucanía a petición de las actuales autoridades del organismo regional. La fiscalización evaluó las transferencias realizadas entre los años 2022 y 2023, monto que representa más de la mitad de los 40 mil 602 millones de pesos destinados por la administración anterior a instituciones de educación superior.
Debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, el ente fiscalizador derivó los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Entre las principales observaciones del informe se destacan proyectos no ejecutados como iniciativas catalogadas como ejecutadas y rendidas que nunca se materializaron, pese a contar con informes finales y actas de supervisión en terreno firmadas; anulación de facturas, ya que se acreditaron 73 facturas rendidas y posteriormente anuladas mediante notas de crédito por un total de 127,5 millones de pesos; tramitaciones exprés, como iniciativas de alto costo, cuyo ciclo completo de aprobación fue tramitado en menos de seis horas; saldos no rendidos, ya que se descubrió un monto de 134,1 millones de pesos en saldos sin rendir que el exgobernador Rivas, su equipo directivo y el vicerrector de la sede Temuco de la universidad, Emilio Guerra, acordaron dar por gestionados mediante el encargo a una empresa de cobranza, independientemente del resultado de dichas gestiones.
Tras la recepción del documento el 4 de agosto, el Gobierno Regional instruyó la apertura de dos sumarios administrativos de manera paralela a la denuncia penal ingresada ante la justicia.