El proyecto de ley del Ejecutivo contempla un incremento del 1,4 por ciento, cifra que choca con la realidad de precarización laboral y los recortes en derechos sociales que afectan al país.
En medio de un escenario de ajustes fiscales y recortes generalizados, el gobierno de José Antonio Kast presentó su propuesta oficial para modificar el ingreso mínimo mensual en el país.
El proyecto de ley, ingresado para su discusión legislativa, ha despertado inmediatas críticas debido al escaso impacto real que tendrá en el bolsillo de los trabajadores.
La iniciativa estipula que, a contar del 1 de mayo del año 2026, el sueldo mínimo para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años se eleve a 546 mil 546 pesos. En términos prácticos, esto representa un incremento de apenas 7 mil 546 pesos respecto al monto anterior, lo que equivale a una variación del 1,4 por ciento del IPC.
Un aumento ínfimo ante la crisis
Al desglosar las cifras, el carácter insuficiente de la medida queda en evidencia. Si se divide el monto total del reajuste por los 30 días del mes, el incremento para los trabajadores es de solo 251,5 pesos diarios (redondeado en 252 pesos). Esta suma, calificada como miserable por diversos sectores, resulta insignificante frente al costo de la vida y la emergencia económica que atraviesa la población producto de las mismas medidas económicas del actual gobierno.
El planteamiento del Ejecutivo ocurre en un contexto de alta precarización laboral y medidas de recorte que han privado de derechos sociales fundamentales a millones de familias.
Mientras el gobierno de Kast aplica una política de austeridad severa en la inversión pública, la oferta salarial para los sectores más vulnerables parece ignorar la realidad de quienes deben sortear las dificultades económicas actuales.