Detención de menor por opinar en contra de Kast reabre debate sobre libertad de expresión y espionaje en redes sociales

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Tribunal declaró ilegal el procedimiento contra la estudiante de 17 años en Linares. La Fiscalía formalizó a la joven, quien quedó en libertad sin medidas cautelares tras investigación iniciada por reportes de plataformas digitales.

Una adolescente de 17 años fue detenida en la comuna de Linares en el marco de una investigación encabezada por el Ministerio Público, tras detectarse presuntas amenazas dirigidas contra José Kast. Las diligencias policiales fueron ejecutadas de manera conjunta por la Brigada del Cibercrimen y la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante la audiencia de control de detención realizada en el Juzgado de Garantía de Linares a las 11 horas de este sábado 31 de octubre, el magistrado declaró ilegal la aprehensión de la estudiante.

Pese al pronunciamiento del tribunal sobre la invalidez de la detención, el persecutor formalizó cargos contra la menor de edad, determinando que quedara en libertad sin medidas cautelares.

La justicia fijó un plazo de investigación que concluirá a principios del año 2027. Por razones legales vinculadas a la protección de menores, su identidad y colegio se mantienen bajo estricta reserva.

El caso cobra relevancia al enmarcarse en el debate sobre los mecanismos de cooperación entre la empresa Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.​

De acuerdo con antecedentes de casos previos informados por la PDI, la multinacional dispone de protocolos para alertar a las autoridades y entregar antecedentes básicos de usuarios ante posibles riesgos inminentes o amenazas a autoridades.

Sin embargo, en el caso concreto de Linares, aún se investiga si el origen del procedimiento respondió a una alerta directa emitida por la red social o a denuncias en fuentes abiertas.

El procedimiento judicial ha levantado interrogantes en la opinión pública respecto del alcance del monitoreo de los contenidos digitales, la privacidad de los mensajes compartidos en grupos cerrados y los límites del control institucional sobre el uso de plataformas virtuales en el país.

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