Informe de Pivotes con datos de la OCDE deja a Chile entre los peores del bloque, con desplome en Gobierno, Tribunales y partidos, y confirma que las instituciones no están funcionando
Chile vive una crisis profunda de confianza y las instituciones no están funcionando, a pesar de lo que nos trata de imponer la élite. Así lo demuestra el último análisis de Pivotes elaborado a partir de la Encuesta sobre Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de la OCDE, que deja al país cada vez más lejos del promedio del bloque y en una situación que es terrible para cualquier democracia.
Solo uno de cada cuatro chilenos confía en el Gobierno central, mientras que apenas un 16 por ciento dice confiar en el Congreso. Las cifras dejan a Chile entre los países con menor confianza institucional de la OCDE y muestran una caída respecto de 2023.
En el caso del Gobierno central, la confianza cayó de 30,4 por ciento en 2023 a 25,7 por ciento en 2025, mientras que el promedio de los países de la OCDE se mantiene en torno al 40 por ciento.
La situación es aún más crítica para los funcionarios públicos: solo un 20 por ciento declara confiar en ellos, frente al 45 por ciento promedio de la organización. Los partidos políticos alcanzan apenas un 11 por ciento de confianza, mientras que los tribunales y el sistema judicial llegan a un 24 por ciento.
En este último caso, Chile queda 30 puntos por debajo del promedio OCDE, que alcanza el 54 por ciento.
Ni siquiera las instituciones mejor evaluadas alcanzan los niveles del bloque. Las Fuerzas Armadas registran un 55 por ciento de confianza y las policías un 49 por ciento, ubicándose entre las instituciones mejor evaluadas, pero todavía lejos de los estándares internacionales.
El análisis también detectó problemas graves en la relación cotidiana de las personas con el Estado, otra señal de que el sistema no funciona. La satisfacción con los trámites administrativos alcanza un 48 por ciento, frente al 68 por ciento promedio de la OCDE. En salud, llega al 34 por ciento, mientras que en educación alcanza un 43 por ciento.
A esto se suma que solo un 36 por ciento considera que sus solicitudes ante el Estado reciben un trato equitativo, 17 puntos menos que el promedio de la organización. El mismo porcentaje cree que los servicios públicos mejorarían si más personas presentaran reclamos.
Según Pivotes, la confianza institucional no depende únicamente de los resultados de las políticas públicas, sino también de la manera en que las autoridades toman decisiones, escuchan a la ciudadanía, rinden cuentas y corrigen sus errores.
En el caso chileno, el estudio identifica especialmente dificultades en la capacidad de ejecución y respuesta del Estado, además de problemas de transparencia en los procesos de decisión pública, factores que impactan directamente en la percepción sobre la legitimidad y eficacia de las instituciones.