Agrupaciones de La Araucanía enviaron una carta al fiscal nacional tras el veredicto que absolvió al lonko Guillermo Ñirripil de los cargos más graves.
Un total de 21 comunidades mapuches de diversas comunas de La Araucanía dirigieron una carta abierta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar una investigación administrativa urgente contra el fiscal adjunto Miguel Velásquez Droguett.
Las organizaciones acusan al persecutor de infringir los principios de objetividad, incurrir en discriminación racial y realizar un uso indebido de recursos públicos tras el reciente veredicto en el caso del lonko Guillermo Ñirripil.
El requerimiento cuenta con el respaldo de comunidades de Lautaro, Curacautín, Perquenco, Victoria, Lonquimay y Padre Las Casas. La acción penal surge luego que, entre el 1 y el 9 de julio, se desarrollara el juicio oral en el cual el Ministerio Público solicitaba 22 años de presidio para la autoridad tradicional por los delitos de robo con intimidación y extorsión. Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco absolvió al lonko de los cargos principales, estableciendo únicamente responsabilidad por el delito de amenazas, cuya sentencia se comunicará el próximo 20 de julio.
De acuerdo con la denuncia de las comunidades, el fiscal Velásquez «instrumentalizó y recicló evidencia material del juicio anterior» para etiquetar a la autoridad mapuche como un «extorsionador habitual».
Acusaciones de difamación en plataformas oficiales
La mayor preocupación de los firmantes radica en el comportamiento del fiscal fuera del tribunal. El texto expone que el 10 de julio, a pocas horas de dictada la absolución, el persecutor difundió en los canales oficiales de la Fiscalía de La Araucanía un video y capturas del registro de un proceso previo, sumando imágenes fílmicas completamente ajenas al debate actual.
Para las comunidades, este hecho constituye un «acto de difamación institucional tendenciosa» que omite de forma deliberada el dictamen absolutorio de los ilícitos graves, buscando perpetuar una condena mediática y social en contra de la autoridad ancestral.
Denuncian estigmatización racial y criminalización
La misiva advierte que el material publicado ha sido aprovechado y amplificado por sectores que históricamente fomentan el odio en la zona. Esta situación, aseguran, configura una criminalización paralela que utiliza al ente persecutor como una herramienta de estigmatización racial.
En el documento también se recordó el historial del fiscal Velásquez en la zona, aludiendo a su rol en el «Caso Hagan», que terminó en una millonaria indemnización fiscal por error judicial, y a las extensas prisiones preventivas aplicadas a comuneros que luego resultaron absueltos.
Ante estos hechos, exigen al fiscal nacional el retiro inmediato de la publicación en redes oficiales, la apertura de un sumario administrativo contra Velásquez por faltas a la probidad y tratos discriminatorios fundados en motivos étnicos, junto con explicaciones públicas por la exhibición de pruebas descontextualizadas.
«El resguardo de la honra de un lonko no responde a la protección de un cargo civil, político o transitorio. El lonko detenta una investidura permanente de carácter espiritual, político y social», concluye la carta, exigiendo que el Ministerio Público actúe como un garante de la paz y no como un actor de conflicto.