Delegaciones regionales llegaron a la capital para denunciar la grave crisis presupuestaria, reformas al Estatuto Administrativo y agresiones a la labor sindical.
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de Chile (Confetsach), provenientes desde Antofagasta hasta La Araucanía, llegaron este miércoles 30 de septiembre a Santiago para sumarse a la movilización nacional en defensa de la salud pública.
La convocatoria, que reunió a los manifestantes en la Plaza de Armas, tuvo como objetivo expresar un profundo descontento frente al desfinanciamiento del sector y las reformas estructurales impulsadas de manera unilateral por el gobierno de Kast.
Desde ese punto, las directivas regionales marcharon en compañía de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud (Fentess) y de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus) hacia el Ministerio de Salud, lugar donde hicieron entrega de una carta dirigida a las autoridades sectoriales para manifestar formalmente su preocupación por los recortes de recursos.
Según explicó el presidente nacional de la Confetsach, Edgardo Jarpa, la acción responde al llamado conjunto realizado con la Confedeprus y la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam). «La convocatoria dice relación con mostrar la unidad del sector, porque tenemos claro que el tener pocas garantías en nuestra labor repercute en los usuarios y usuarias del sistema público», destacó el dirigente.
La manifestación coincide con el envío de la Ley de Presupuestos del año 2027 por parte del Ministerio de Hacienda, propuesta que contempla un menor financiamiento para el área sanitaria. Esta situación, advierten los gremios, derivará en una severa crisis presupuestaria con impacto directo en la Atención Primaria de Salud (APS) y en la red hospitalaria.
Junto al problema de los recursos, la Confetsach rechazó el intento de modificar unilateralmente el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834) y denunció el uso de mecanismos administrativos dirigidos a amedrentar la actividad de los dirigentes, lo que configura un ataque a la libertad sindical.
