La organización manifestó su preocupación por la normativa que impactaría ecosistemas, limitaría la participación ciudadana y reduciría la fiscalización en zonas sensibles como la Patagonia.
La conducción del Gobierno de Kast en materia ambiental genera profunda preocupación en Greenpeace. Según la organización, la gestión comenzó con señales inquietantes tras la retrotracción de 43 decretos ambientales, de los cuales 38 siguen sin registrar avances a un mes de su retiro. Esta tendencia se profundizaría con la presentación de una ley calificada como regresiva, la cual impactaría directamente en la naturaleza y la biodiversidad.
Para la entidad, resulta grave que la propuesta elimine herramientas clave de protección, limitando la prevención de daños y reduciendo derechos fundamentales como el acceso a la justicia ambiental.
En la práctica, esto dejaría a las comunidades con menos defensas para proteger su entorno.
Debilitamiento de la evaluación técnica
El proyecto de ley afectaría la evaluación técnica, permitiendo la aprobación de modificaciones sin una revisión adecuada de sus impactos. Esto aumenta el riesgo para el medio ambiente y la salud humana, instalando la omisión de criterios evaluados por especialistas en áreas como glaciología, recursos hídricos y bosques.
Según Greenpeace, esto abre la puerta a más y peores emergencias ambientales al afectar la prevención de daños irreparables.
Impacto en la Patagonia y justicia ambiental
En segundo lugar, el organismo advierte que el proyecto sacrifica los fiordos patagónicos al reducir el monitoreo ambiental. Además, permitiría relocalizar operaciones de empresas salmoneras que han deteriorado la zona, otorgándoles nuevas ubicaciones sin evaluación ambiental ni participación ciudadana.
Asimismo, la propuesta quitaría herramientas a los tribunales ambientales para frenar proyectos ante riesgos inminentes. También se eliminarían mecanismos para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental y se reducirían los plazos para presentar acciones judiciales.
Finalmente, el director Greenpeace Chile, Matías Asun, declaró que la organización se encuentra en Estado de Alerta ante un proyecto que, bajo la excusa de favorecer la inversión, sacrifica el medio ambiente y la salud de las personas.