La detención de Luisa Gonzáles, excandidata presidencial por supuestas irregularidades administrativas de campaña, destapa la recurrente estrategia de los gobiernos de derecha para sacar del camino a sus rivales políticos mediante maniobras judiciales.
En un hecho que refleja cómo los regímenes de derecha recurren de manera sistemática al lawfare o persecución judicial para neutralizar y eliminar a la oposición política, la excandidata presidencial ecuatoriana y principal referente del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, fue arrestada este jueves por las fuerzas de seguridad estatales en Ecuador.
La maniobra fue alertada inicialmente por el expresidente Rafael Correa y confirmada posteriormente por la propia dirigencia opositora. Recordemos que Correa también fue víctima de estas maniobras. La detención se llevó a cabo bajo el pretexto de una investigación dirigida por la Fiscalía de Ecuador por presunta financiación irregular y gasto electoral durante los comicios de 2023. Sin embargo, diversos sectores han advertido que este tipo de acciones judiciales exprés constituyen un patrón habitual de los gobiernos conservadores de la región para proscribir a las fuerzas progresistas y acallar voces disidentes.
Desde su detención, la líder opositora difundió un pronunciamiento público en el que calificó el procedimiento como una persecución política directa de la cual es víctima, al tiempo que denunció el grave deterioro institucional del país. González manifestó que el régimen de Daniel Noboa no solo ha sumido a la nación en un colapso económico, social y de seguridad, sino que ha consolidado una práctica permanente de vulneración de derechos fundamentales, agregando que las personas privadas de libertad por motivos políticos sufren graves vejaciones.
Pese a la severidad de la medida, la dirigente rechazó categóricamente los señalamientos formulados en su contra, calificándolos de infundados, y reiteró su compromiso de defender la democracia. Asimismo, realizó un llamado a la cohesión de los sectores progresistas del país para hacer frente a los atropellos autoritarios y restaurar el orden constitucional.
Por su parte, la Fiscalía dio a conocer la ejecución de arrestos en las provincias de Pichincha y Manabí vinculados a supuestos delitos financieros, confirmándose además la entrega voluntaria de Wendy Onofre, dirigente del Movimiento RETO. Según trascendió, la causa judicial se originó en una observación formulada por el Consejo Nacional Electoral respecto del origen de unos fondos de campaña de 2023. Pese a que las inconsistencias administrativas —que implicaban un monto menor a seis mil 200 dólares— ya habían sido subsanadas en el ámbito electoral y la causa archivada, el expediente fue reactivado y derivado al fuero penal.
Desde el movimiento Revolución Ciudadana y la defensa técnica de la dirigente denunciaron que se trata de un arresto inconstitucional y arbitrario que vulnera el debido proceso y los Derechos Humanos, debido a que inicialmente las autoridades no precisaron el paradero de González ni permitieron la asistencia legal correspondiente. La colectividad responsabilizó de manera directa al régimen por la integridad de la política opositora, señalando que la instrumentalización del sistema de justicia es una maniobra deliberada para proscribir a la oposición democrática.
Ante esta grave situación, anunciaron la presentación de solicitudes de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Director y periodista de ElPeriódico.cl