El sondeo muestra un complejo panorama para el relato gubernamental, con un aumento significativo en la percepción de que la delincuencia empeorará y reparos frente a la propuesta tributaria.
La última Encuesta Criteria ha encendido las alarmas en el palacio de La Moneda al revelar un drástico cambio en la percepción ciudadana respecto de las principales promesas de José Antonio Kast, particularmente en materias de seguridad y economía.
De acuerdo con el estudio, las expectativas sobre la seguridad pública han sufrido un visible retroceso en los últimos meses. En marzo, un 52 por ciento de las personas creía que la seguridad mejoraría en el país, una cifra que se contrajo con fuerza hasta llegar al 28 por ciento en la medición más reciente. En la otra vereda, quienes estiman que la delincuencia y la seguridad empeorarán experimentaron un alza sostenida, pasando de un 19 por ciento a un 41 por ciento en un periodo de solo dos meses.
A este escenario se suma una baja en la confianza sobre las herramientas del Gobierno para revertir la situación. Si bien, la seguridad se mantiene como la principal preocupación de la ciudadanía, cada vez son menos las personas que consideran que las autoridades cuentan con la capacidad necesaria para hacer frente a esta problemática.
Cuestionamientos a la reforma tributaria
El sondeo también abordó la llamada “mega reforma económica y tributaria”, que en el fondo es una reforma económica para beneficiar a los más ricos, impulsada por el Gobierno, la cual no ha logrado convencer a la opinión pública en cuanto a sus supuestos beneficios sociales.
Un 45 por ciento de los encuestados manifestó que la iniciativa beneficiará de manera principal a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por el contrario, solo un 35 por ciento de los participantes del estudio se mostró optimista al señalar que la reforma ayudará a generar empleo para la población en general.
Con estos resultados, el Gobierno enfrenta un adverso panorama en terreno, con cifras de aprobación en niveles negativos que golpean directamente de forma simultánea a dos de los pilares centrales de su gestión: el control del orden público y el desarrollo económico.