El documento califica a funcionarios bajo términos ideológicos y sugiere reemplazos por perfiles afines al oficialismo.
Una fuerte polémica se originó tras la filtración de una planilla en Excel en la que se evaluaría a trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de Coquimbo bajo criterios ideológicos, como “ni fu ni fa zurdo”; “buena, pero zurda”; “el más zurdo de todos; nefasto, sí o sí, fuera”, entre otros términos.
El documento, que habría sido difundido por error mediante un correo electrónico masivo, incluye comentarios sobre la orientación política de los funcionarios, lo que ha levantado acusaciones de discriminación y persecución en el sector público.
Según los antecedentes publicados por el medio El Observatodo, el archivo organiza la información en columnas con nombres, cargos y recomendaciones. Estas últimas aparecen bajo el rótulo de “nuestra gente”. En los apartados de comentarios se utilizan términos como “zurdo”, “desordenado” o “nefasto” para describir a los empleados, sugiriendo en diversos casos el reemplazo de estos por perfiles cercanos al bloque de gobierno.
🔴 "El más zurdo de todos. Nefasto. Sí o sí fuera."
— Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) April 21, 2026
Eso dice una planilla filtrada del MOP de Coquimbo, donde funcionarios son evaluados por su orientación política, no por su desempeño.
Una columna propone reemplazos: "nuestra gente".
En dictadura se llamaban listas negras.… pic.twitter.com/E7vY0sESiU
La situación generó una reacción inmediata en el congreso nacional. El senador Daniel Núñez emplazó públicamente al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, exigiendo aclaraciones sobre el origen y propósito de este listado.
A través de sus canales digitales, el parlamentario criticó que se catalogue a una funcionaria como “buena, pero zurda”, argumentando que esto demuestra que la afinidad política se estaría anteponiendo a las competencias profesionales y la idoneidad en el cargo.
Hasta el momento, la autoría oficial del documento no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales. Sin embargo, el hecho ha reabierto el debate sobre la probidad administrativa y los límites de la evaluación funcionaria en las instituciones del Estado.