La iniciativa del Servicio Nacional de Migraciones choca directamente con el pilar central de la campaña de Kast, quien prometió la expulsión y el cierre de fronteras a la inmigración ilegal, compromiso clave por el cual salió electo.
En lo que representa un cambio en la línea del Gobierno de José Kast, este prepara un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo de salida voluntaria para personas migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, otorgándoles el beneficio de reingresar al país de manera regular y sin enfrentar sanciones.
El anuncio genera una fuerte sorpresa en la opinión pública que votó por este gobierno, ya que contrasta marcadamente con las promesas asumidas durante su campaña electoral. En dicha instancia, la expulsión efectiva de quienes ingresaron de forma ilegal constituyó la bandera insignia de su programa, siendo el pilar determinante que le permitió salir electo.
La iniciativa fue adelantada por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien señaló que el gobierno de Kast espera presentar la propuesta legislativa durante los próximos días. Según explicó la autoridad, la medida busca abordar las dificultades administrativas y presupuestarias que existen actualmente para concretar las expulsiones.
«Lo que nosotros hemos promovido es la salida voluntaria», sostuvo Sauerbaum en conversación con T13, destacando que entre el 3 de enero y el 26 de septiembre del año 2026 se registraron 10 mil 197 salidas efectivas mediante este mecanismo, de las cuales 79,13 por ciento correspondieron a ciudadanos venezolanos.
Mecanismo de reingreso y eliminación de prohibiciones
De acuerdo con el director de Migraciones, la propuesta contempla que determinadas personas que salgan voluntariamente puedan posteriormente regresar a Chile sin enfrentar la prohibición de ingreso asociada actualmente al ingreso irregular.
Sauerbaum explicó que quienes se acojan al mecanismo podrían obtener una visa temporal para regresar al país bajo condiciones legales, por ejemplo, mediante un contrato de trabajo. Esta residencia temporal podría posteriormente dar paso a una residencia definitiva si se cumplen los requisitos establecidos.
Actualmente, las personas que ingresaron de forma irregular pueden obtener una autorización para salir del territorio, pero esta puede quedar asociada a una prohibición de ingreso de entre tres y cinco años.
El anuncio se conoce de manera paralela a otras medidas impulsadas por el Gobierno, como la aprobación en Comisión Mixta de un proyecto que busca agilizar expulsiones administrativas e incrementar a 5 años la prohibición de reingreso para personas expulsadas.
Sauerbaum planteó que la nueva propuesta del Gobierno apuntaría a diferenciar entre quienes puedan regularizar su situación y aquellos casos que se busca expulsar por razones asociadas a delitos u otras infracciones.