La medida adoptada por el Ministerio de Justicia genera rechazo en la población y la Defensoría de la Niñez, mientras el ministro defiende la polémica medida.
El Gobierno de José Kast ha concedido un total de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores desde el pasado 11 de marzo, según confirmó el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Las determinaciones, tramitadas hasta el 13 de septiembre, beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y a 29 por violación, contabilizándose solo una solicitud rechazada.
Las disminuciones de pena se dictan por orden del presidente de la República, José Kast, previo informe de la Comisión de Reducción de Condenas, verificación de requisitos por parte de la Seremi y la revisión de antecedentes de la División de Reinserción Social. Durante el lapso informado, las resoluciones se emitieron a razón de una cada tres días en promedio, ingresadas de forma directa al Ministerio de Justicia sin responder a recursos de amparo u otras acciones ante el Poder Judicial.
El otorgamiento del beneficio se enmarca en la Ley N°19.856, cuya calificación se ejecuta anualmente sobre la base de nóminas confeccionadas por Gendarmería. No obstante, la legislación fue modificada en el año 2022 mediante la Ley Nº 21.421 para restringir expresamente la rebaja a autores de ilícitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pese a ello, al interior del Gobierno existe una discrepancia jurídica sobre la retroactividad de dicha prohibición en causas previas a la vigencia del ajuste normativo.
La presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, se limitó a señalar que no contaba con información detallada sobre la materia para emitir un pronunciamiento.
La situación provocó inmediatas reacciones en el ámbito político. Desde la bancada del Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza anunció el inicio de la recolección de firmas para impulsar una interpelación parlamentaria contra el titular de Justicia. Por su parte, la parlamentaria Irací Hassler cuestionó la aplicación de la medida en el Gobierno de Kast, enfatizando el impacto que genera en las familias que obtuvieron sentencias en los tribunales.
Asimismo, mediante una declaración pública, la Defensoría de la Niñez solicitó precisar los fundamentos técnicos que sustentan el giro en la política institucional de la cartera, la que históricamente rechazaba estas concesiones en delitos de alta gravedad. El defensor Anuar Quesille advirtió que aplicar un estándar generalizado para otorgar estos beneficios compromete los derechos a la protección y reparación de las víctimas, remarcando que el organismo mantendrá la vigilancia de los antecedentes y evaluar la presentación de acciones administrativas o legales.
Director y periodista de ElPeriódico.cl