
Mandatario busca que el Tribunal Constitucional revise una norma que obliga a las empresas de agua, luz y gas a reconectar gratuitamente a hogares y pequeños negocios afectados por una catástrofe.
José Kast recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar una norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos para familias y pequeñas empresas ubicadas en zonas afectadas por catástrofes.
La medida original y que Kast pretende evitar es que las empresas de electricidad, agua y gas deben volver a conectar el servicio cuando este haya sido suspendido por deudas, siempre que se trate de personas o pequeños negocios ubicados en una zona declarada en situación de catástrofe, o sea, evitar que una familia que perdió su vivienda, su fuente de ingresos o que quedó seriamente afectada por una emergencia, tenga que pagar primero una deuda para recuperar servicios básicos.

¿Qué contempla la norma?
En términos simples, si una zona es declarada en catástrofe, las personas afectadas podrían solicitar la reconexión de sus servicios sin tener que pagar previamente por ella.
Los plazos establecidos son:
Electricidad: reconexión en un máximo de 48 horas.
Gas: reconexión en un máximo de 48 horas.
Agua potable y alcantarillado: reconexión en un máximo de 24 horas.
Además, las empresas no podrían cobrar por la reconexión, las visitas técnicas ni la revisión de las instalaciones asociadas a este procedimiento.
¿Por qué Kast recurrió al TC?
El Gobierno de Kast sostiene que esta disposición no formaba parte originalmente del proyecto de ley y que fue incorporada durante su tramitación en el Congreso, por eso, Kast considera que existen dudas sobre si la norma fue aprobada siguiendo correctamente las reglas establecidas por la Constitución.
En otras palabras, Kast no está diciendo que las familias afectadas no deban recibir ayuda. Su argumento es que la forma en que se incorporó esta medida al proyecto podría ser inconstitucional.
Por ello, ahora será el Tribunal Constitucional el que deberá revisar el reclamo y determinar si la disposición puede mantenerse o debe ser eliminada.
¿Qué cuestiona la oposición?
Desde la oposición han criticado la decisión del Gobierno y han defendido la medida como una ayuda concreta para las personas damnificadas.
La diputada Sofía González (PC), quien impulsó la indicación relacionada con la reconexión, cuestionó que el gobierno recurra al TC para intentar eliminar un beneficio destinado directamente a familias y pequeños negocios afectados por emergencias.
¿Qué significa esto para las familias?
Por ahora, la medida está en manos del Tribunal Constitucional. El punto central de la discusión es si las empresas deben estar obligadas a reconectar gratuitamente los servicios básicos de personas afectadas por una catástrofe y, sobre todo, si esa obligación fue incorporada correctamente al proyecto de ley.
En simple, una parte busca que las familias damnificadas puedan recuperar luz, agua y gas aunque tengan deudas en momentos de una desgracia; por otro lado, el Gobierno sostiene que la norma que establece ese beneficio podría haber sido aprobada de una manera contraria a la Constitución. Ahora el TC tendrá que decidir.
