La resolución de la Quinta Sala Extraordinaria fundamentó su decisión en la aplicación retroactiva de la normativa promulgada por Gabriel Boric, revocando lo determinado previamente por el tribunal de garantía.
La Corte de Apelaciones de San Miguel decretó este lunes el sobreseimiento total y definitivo de todos los imputados en la causa relativa a la muerte de Aníbal Villarroel y las lesiones sufridas por Bastián Salamanca, hechos ocurridos el 18 de octubre del año 2020 en la Población La Victoria.
El fallo se sustenta en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal, normativa que fue promulgada en el año 2023 bajo la administración de Gabriel Boric.
Con esta resolución, la sala revoca la decisión del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, que en diciembre de 2025 había rechazado el sobreseimiento.
La justicia aplicó el principio pro reo, permitiendo que el teniente Joaquín Muñoz Vásquez, identificado por peritajes de la PDI como autor del disparo, el exdirector general de Carabineros Mario Rozas, el exministro Víctor Pérez y el exintendente Luis Felipe Guevara queden libres de cargos.
El impacto de la legislación actual
El fallo cobra especial relevancia al destacar que la Ley Naín-Retamal, impulsada y promulgada en el gobierno de Gabriel Boric, establece una presunción legal de legítima defensa para las Fuerzas de Orden cuando cumplen funciones de orden público. Bajo este marco jurídico, la Corte determinó que la carga de la prueba se trasladó a los querellantes, quienes no habrían logrado desvirtuar dicha presunción.
Para fundamentar el sobreseimiento del teniente Muñoz, el tribunal valoró peritajes balísticos que indicaron que los disparos fueron dirigidos hacia sectores desde donde provenían ataques contra el personal policial. Al descartarse que el carabinero actuara con dolo contra una persona específica, la eximente de responsabilidad se extendió al resto de las autoridades involucradas en la cadena de mando y gestión política de la época.
Reacciones y acciones internacionales
Pese a que el Ministerio Público se plegó a la solicitud de sobreseimiento de las defensas, los querellantes manifestaron su rechazo absoluto. Los abogados de las víctimas, entre ellas la familia del fallecido administrativo y trabajador social Aníbal Villarroel, anunciaron que interpondrán un recurso de queja ante la Corte Suprema.
De no prosperar las instancias nacionales, los representantes legales evalúan acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, argumentando que la aplicación de esta ley, tal como ha ocurrido en este proceso, podría derivar en impunidad para casos de violencia policial.
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— Æ (@aederean) May 13, 2026