El objetivo es evitar que la gente salga a la calle a manifestarse. Iniciativa legal busca identificar a quienes protesten o realicen acciones consideradas «vandálicas» en la vía pública.
José Antonio Kast firmó el proyecto de ley para crear el denominado «Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades», una de las iniciativas más controversiales de su primera Cuenta Pública. Detractores advierten del sesgo clasista con el que estas medidas podrían ser aplicadas de manera desproporcionada contra los sectores más vulnerables socialmente.
Obviamente, la idea es evitar que la gente salga a la calle a manifestarse. Iniciativa legal busca identificar a quienes protesten o realicen acciones consideradas «vandálicas» en la vía pública para suspender de forma directa su acceso a múltiples beneficios estatales. De acuerdo con los detalles que dio el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a Radio ADN, quienes sean incluidos en este catastro público permanecerán sancionados durante un periodo de cinco años.
Durante ese tiempo, los infractores sufrirán duras restricciones civiles y económicas en diversas áreas:
Educación: Pérdida de la gratuidad universitaria.
Previsión: Imposibilidad de recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Vivienda: Inhabilitación para postular a subsidios de arriendo o habitacionales.
Trámites: Bloqueo para obtener o renovar la licencia de conducir.
Bienes: Prohibición absoluta de inscribir propiedades o vehículos a su nombre.
Impuestos: Incluso habría retención automática de la devolución anual de impuestos.
Las conductas bajo la lupa
El plan de seguridad del gobierno sancionará un total de 12 conductas específicas, divididas entre delitos graves e incivilidades urbanas. Los delitos contemplados incluyen agresiones contra Carabineros o personal de la salud, interrupción del transporte público, tráfico de estupefacientes y daños a monumentos nacionales. Por otro lado, las incivilidades tipificadas corresponden a rayados de muros sin permiso (grafitis), comercio ambulante, consumo de drogas o alcohol en calles públicas, venta ilegal de alcohol y destrucción de paraderos de buses.
Se castiga al pobre
Ese es precisamente el fondo del debate que ha encendido las alarmas en el Congreso y entre diversos analistas políticos. Al establecer la pérdida de beneficios estatales (como la gratuidad universitaria, la Pensión Garantizada Universal o los subsidios habitacionales) como castigo principal, la ley adquiere un carácter asimétrico.
Para una persona de la clase trabajadora o de sectores vulnerables, perder estos pilares de apoyo significa una precarización absoluta y un golpe devastador para su subsistencia y la de su familia. En contraste, para alguien de altos ingresos que cometa exactamente la misma infracción o incivilidad, como el consumo de alcohol en la vía pública o un grafiti, la sanción no tiene un impacto real en su calidad de vida, ya que no depende del Estado para educarse, atenderse en salud o vivienda.
Esta disparidad es la que fundamenta la crítica de que el proyecto criminaliza la vulnerabilidad socioeconómica de manera desproporcionada, dejando fuera del foco de este tipo de sanciones administrativas a los delitos financieros, la corrupción, los fraudes fiscales, los violadores de Derechos Humanos, que suelen concentrarse en las esferas de mayor poder económico y político.
En el fondo, lo que se busca es adelantarse a los hechos. La elite sospecha que se vienen grandes manifestaciones por las diversas medidas de este gobierno de extrema derecha, por lo que se intenta desmotivar a la gente a salir a la calle a manifestarse. Ya el gobierno de Boric ayudó a pavimentar el camino con la Ley Nain-Retamal, que le entrega más atribuciones y libertades a las policías para reprimir.
La propuesta ingresó formalmente al Congreso para su tramitación legislativa y abrió una intensa discusión política. La oposición y diversos críticos advierten fallas severas de proporcionalidad en el castigo. Analistas y detractores señalaron que la medida afectará de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables que dependen de los subsidios, mientras que las personas de altos ingresos no sufrirán un impacto real por las mismas faltas. El proyecto de ley ahora deberá ser discutido en el Parlamento, donde se buscará mitigar los riesgos de criminalización de la protesta social y revisar la constitucionalidad de las sanciones administrativas propuestas.