La iniciativa despachada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados prioriza medidas punitivas y de vigilancia por sobre el apoyo a la salud mental y el fortalecimiento de las comunidades escolares.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó recientemente el proyecto de ley «Escuelas Protegidas», una propuesta que ha levantado alertas por su enfoque centrado casi exclusivamente en el control y la sanción, dejando de lado la inversión en prevención y acompañamiento profesional.
En una sesión que se extendió por siete horas, el oficialismo logró imponer una agenda que recuerda a medidas de alto impacto mediático, como la instalación de detectores de metales en establecimientos municipales de Temuco, pero que evitan abordar las raíces del conflicto escolar.
El corazón de la crítica radica en la orfandad en la que se deja a los equipos docentes y a los estudiantes. Durante la votación, se rechazaron indicaciones clave que buscaban establecer medidas de contención, participación de apoderados y resguardos específicos para estudiantes neurodivergentes o con necesidades educativas especiales. En su lugar, el texto aprobado se enfoca en facultar la revisión de mochilas y en establecer castigos severos, como la posibilidad de perder el acceso a la gratuidad en la educación superior para quienes participen en hechos graves.
Esta «solución para la tele», como han señalado sectores críticos, ignora la urgencia de invertir en profesionales de salud mental y en programas de acompañamiento para las familias.
Al centrar el esfuerzo legislativo en la vigilancia y el castigo, el proyecto omite que el profesorado se encuentra actualmente sobrepasado y sin herramientas para gestionar la crisis de convivencia desde una perspectiva pedagógica.
Finalmente, la normativa despachada establece que las amenazas de tiroteo serán consideradas faltas graves, pero no detalla planes de intervención temprana. Con este escenario, el proyecto pasará a ser discutido en Sala el próximo lunes, arrastrando el cuestionamiento de si realmente busca proteger a las comunidades o simplemente aumentar el control policial en los espacios educativos. Obviamente, para allá va la cosa.