Los gremios del sector denunciaron este hecho como una sanción desproporcionada que busca censurar, silenciar y perseguir a la comunidad científica.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su escalada autoritaria y de persecución contra la ciencia pública. A través del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ejecutivo impulsa una sanción extrema contra la científica Virginia Aparicio, orientada no solo a su despido, sino a su exoneración, lo que significaría su inhabilitación de por vida para ejercer la función pública.
El accionar del régimen de Milei contra Aparicio representa un claro atropello a la libertad de investigación, la libertad de expresión y los derechos laborales. Esta medida restrictiva, propia de un régimen dictatorial que busca silenciar las voces disidentes e incomodas, se enmarca en la defensa de los intereses de las corporaciones agroindustriales y la censura explícita a la evidencia sobre el impacto de los agrotóxicos en la población.
Aparicio, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria, lideró la participación de Argentina en el proyecto Sprint, un estudio financiado por la Unión Europea para evaluar la presencia de plaguicidas en el ser humano y el medio ambiente. Los hallazgos de la investigación revelaron que el 86,1 por ciento de los argentinos evaluados presenta glifosato en el cuerpo, detectándose el herbicida producido por la multinacional Bayer en el 100 por ciento de las muestras de materia fecal en bonaerenses. Asimismo, Argentina figuró como el país con mayor concentración de plaguicidas entre todos los participantes del estudio.
Tras presiones y lobby empresarial, el organismo suspendió en el año 2023 la difusión del informe. Sin embargo, en el año 2025 el régimen de Milei profundizó la persecución al avanzar con un sumario orientado a la exoneración de la investigadora, acusándola de «perjuicio a la administración nacional» y recriminándole no haber entregado datos personales de voluntarios protegidos por acuerdos de confidencialidad. Los gremios del sector denunciaron este hecho como una sanción desproporcionada que busca censurar, silenciar y perseguir a la comunidad científica.