Caribeña ingresó como personal a contrata en el cargo de jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, percibiendo una remuneración que varía entre los 2 millones 261 mil 097 pesos y los 5 millones 674 mil 752 pesos.
Tras una campaña marcada por el tono duro contra la migración, la administración de José Kast incorpora a conocidos activistas extranjeros (venezolanos) con sueldos que superan los 5 millones de pesos.
Las promesas de campaña suelen diluirse con la llegada al poder, pero la brecha entre la retórica y la práctica en la gestión de José Kast ha alcanzado ribetes insólitos. Quien hiciera de la expulsión de extranjeros y el control migratorio el eje central de su discurso para llegar a La Moneda, parece haber encontrado una particular excepción a la regla: las contrataciones de activistas de origen venezolano en el aparato estatal, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos.
Según registros de la Transparencia Activa de la Dirección Nacional del Servicio Civil, servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, el organismo incorporó en marzo del año 2026 a la politóloga y activista venezolana Lucy Depablos. La mujer ingresó como personal a contrata en el cargo de jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, percibiendo una remuneración que varía entre los 2 millones 261 mil 097 pesos y los 5 millones 674 mil 752 pesos.
La incorporación de Depablos ha levantado cuestionamientos internos en la institución. A pesar de haber ejercido como asesora en la Municipalidad de Lo Barnechea durante la gestión de Felipe Alessandri y como jefa de Comunicaciones de la Corporación de Deportes y Recreación de La Reina, no existe certeza de que posea el título de periodista. En el registro oficial, su calificación profesional se justifica únicamente mediante la descripción de tener «más de cinco años de experiencia en comunicaciones institucionales, comunicación estratégica y gestión de contenidos en el ámbito municipal».
Depablos es una figura conocida en la política local. Fue vocera de organizaciones migrantes por la opción Rechazo en el plebiscito constitucional del año 2022 y llegó a desempeñarse como vicepresidenta de asuntos internacionales de las Nuevas Generaciones de la UDI.
Asimismo, en febrero del año 2025 generó polémica tras publicar una carta en el medio El Líbero defendiendo al comediante George Harris luego de su patética presentación en el Festival de Viña del Mar, acusando a la sociedad chilena de tener «pobreza mental» por las críticas vertidas contra el autodenominado “humorista”.
El caso de Depablos se suma a otros hallazgos recientes revelados por el medio Contrapoder Chile en el Ministerio del Interior. Entre ellos destaca la contratación de la periodista Sofía Pumpin, quien ingresó a la cartera encargada de la Seguridad Pública meses después de obtener su título profesional, con una renta mensual superior a los 2 millones de pesos para elaborar reportes de las delegaciones presidenciales.
De igual forma, la repartición incluyó en su gabinete al estudiante de primer año de Periodismo de la Universidad de los Andes, Cristóbal Soto, para gestionar las redes sociales del ministro Claudio Alvarado, una decisión respaldada públicamente por el subsecretario del Interior, Máximo Pávez.
La distancia entre la promesa electoral de mano dura frente a la migración y la realidad presupuestaria de la actual administración de extrema derecha abre un severo flanco de críticas, exponiendo cómo el discurso de expulsiones masivas terminó convertido en cotizadas plazas de trabajo en el Estado.