La Corte Suprema deberá decidir si las tierras donde operan la Minera del Pacífico, Guacolda y Puerto Las Losas pertenecen legítimamente a los descendientes de caciques de la zona.
Una verdadera batalla de «David contra Goliat» se está librando en la Bahía de Huasco, en la Región de Atacama. La Comunidad Indígena Diaguita Cuesta de la Arena, liderada por los hermanos Patricio y Saiko Saguas Cereceda, inició una ofensiva legal contra tres gigantes de la industria: la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la Termoeléctrica Guacolda y el Puerto Las Losas.
¿El motivo? La familia asegura ser la dueña legítima de más de 26 mil hectáreas de terreno donde hoy funcionan estas empresas, incluyendo toda la orilla del mar. Para demostrarlo, cuentan con un título de propiedad del año 1897 y un documento ancestral de la década de 1770, los cuales están certificados por la Conadi y cuentan con su respectivo rol de impuestos. Según la defensa de la comunidad, estos documentos nunca fueron anulados, por lo que los permisos y escrituras que consiguieron las empresas con los años no tendrían validez legal.
El caso dio un salto rotundo cuando el abogado de la familia, Gabriel Muñoz Moya, llevó la pelea al plano penal. Actualmente existen querellas en los tribunales de Freirina en contra de ejecutivos y representantes de las tres compañías por los delitos de estafa y asociación ilícita, acusándolos de saber que las tierras tenían dueños ancestrales y seguir adelante con sus proyectos.
La disputa llegó al punto más alto de la justicia chilena. La Corte Suprema aceptó revisar el caso de forma preferente bajo el Rol 20697-2026. En los próximos meses, los jueces del máximo tribunal tendrán que tomar una decisión histórica, determinar si los papeles de las empresas prevalecen o si se debe declarar la nulidad de sus instalaciones en la costa de Huasco para devolver el territorio a sus dueños originarios.
Mientras las corporaciones mantienen una postura hermética, asegurando que sus permisos están al día, a agosto de este año, el caso se transforma en un fallo clave que podría cambiar para siempre la forma en que el Estado chileno resuelve los reclamos de tierras indígenas ante el desarrollo industrial.
Me imagino q estos comuneros podrán sostener a todas las familias que trabajan en esas empresas si llegan a ganar y cerrar las industrias