Parlamentos apuntan a responsabilidades políticas del ministro Fernando Rabat tras polémicos decretos que beneficiaron a responsables de abusos a menores y crímenes de lesa humanidad.
Un complejo escenario político enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego que legisladores de la oposición ratificaran la presentación de un libelo acusatorio en su contra. La medida surge a raíz de la controversia provocada por la firma de 56 decretos que permitieron la atenuación de condenas a personas sancionadas por abusos sexuales contra menores de edad.
La diputada Daniela Serrano, jefa de la bancada del Partido Comunista e Independientes, confirmó la determinación indicando que las acciones impulsadas en la Cámara Baja, donde se solicitó a la máxima autoridad del país la destitución del personero y de sus subsecretarios, resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos.
La decisión de promover el juicio político se consolidó tras una tensa sesión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, citada especialmente para discutir las rebajas de condenas y beneficios otorgados por el Gobierno de Kast. La comparecencia del jefe de la cartera de Justicia dejó un evidente descontento entre los asistentes, aumentando la presión sobre la continuidad del secretario de Estado.
Según detalló Serrano, la fiscalización se agudizó debido al incumplimiento de un requerimiento previo entregado a las autoridades. La parlamentaria señaló que se fijó un lapso de 48 horas para la recepción de los decretos involucrados, compromiso que no se concretó. Junto con esto, advirtió que Rabat actuó fuera del marco legal al atribuirse facultades de interpretación normativa que no le corresponden, agregando que es indispensable perseguir la responsabilidad política hasta las últimas instancias para evitar que las autoridades removidas sean reubicadas en otros cargos del aparato estatal.
Durante el desarrollo de la jornada especial, el ministro de Justicia sostuvo la validez de los beneficios concedidos y como era de esperar, emplazó al Gobierno anterior, cuestionando el manejo previo de las observaciones del personal penitenciario y la atención a los afectados.
Las explicaciones vertidas en el hemiciclo fueron criticadas por el diputado independiente Cristián Tapia, quien tildó la exposición como un episodio lamentable sustentado en afirmaciones imprecisas que fueron rebatidas durante la discusión. Además, reprochó la retirada anticipada de la autoridad antes de la conclusión del debate y sostuvo que existen condiciones favorables para que la acción fiscalizadora prosiga, contando incluso con el interés de parlamentarios del oficialismo para respaldar el proceso contra la administración del presidente Kast.
Director y periodista de ElPeriódico.cl