La sede eclesial de La Araucanía emitió un comunicado en el que transparentó la situación de tres presbíteros que enfrentaron la justicia canónica y fueron o están en proceso de ser sancionados.
Ante la presión de los medios y los laicos, el Obispado de Temuco informó la situación en que se encuentran los casos de tres sacerdotes denunciados por abusos sexuales a menores, uno de ellos ya difundido parcialmente en la prensa y otros dos que no se habían dado a conocer hasta ahora.
El primer caso corresponde al sacerdote Pablo Walter Isler Venegas, a quien la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano sancionó por abuso sexual de menores.
Las penas expiatorias perpetuas impuestas para el presbítero fueron simplemente prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal y trabajar pastoralmente con adolescentes y jóvenes. A ello se suman la prohibición definitiva de residir dentro del territorio de la Diócesis San José de Temuco y de visitar sin previa y expresa autorización del Ordinario, las parroquias de Lautaro, Imperial y Traiguén.
El obispado indicó que el proceso contra el religioso se inició en 2011, durante la administración anterior, fecha en que llegaron las primeras denuncias, aunque el condenado por la justicia eclesiástica se encontraba fuera de la diócesis desde 2003, realizando diversas labores pastorales en la Prelatura de Illapel.
“A expresa solicitud de las víctimas que en su momento solicitaron plena reserva, no se había hecho público. Con el aprendizaje de estos años, nos hemos dado cuenta que el respeto y protección de las víctimas en ningún caso nos exime del deber moral de poner en conocimiento de la comunidad estos graves delitos”, admitió la sede eclesial temuquense.
En consideración de lo anterior y aprovechando la visita a Chile que esta jornada concluyeron los enviados del Papa Francisco, monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, aparte de los casos que son de público conocimiento, también se dio a conocer la situación que ha afectado a otros dos sacerdotes de la diócesis:
Se trata del padre Juan Carlos Mercado Elgueta, quien a mediados del año 2013, después de la investigación previa a raíz de denuncia por abuso sexual a menores, presentó su renuncia al ministerio sacerdotal.
El otro es el presbítero José Vicente Bastías Ñanco, quien actualmente se enfrenta a un proceso penal canónico por abusos sexuales a menores de acuerdo a lo establecido con la Congregación para la Doctrina de la Fe, se encuentra suspendido temporalmente del ejercicio público del ministerio.