Gremios de la comunicación que hacen real Periodismo y expertos advierten que la medida generará un severo impacto inhibidor en el ejercicio del periodismo de investigación.
El avance legislativo del proyecto de ley conocido como «Ley Mordaza 2.0» (Boletín N° 17.484-07) en el Senado ha encendido las alarmas en el ámbito periodístico y civil.
La propuesta busca aplicar sanciones penales de hasta cinco años de cárcel y multas que alcanzan las 600 UTM a quienes divulguen antecedentes de investigaciones judiciales reservadas. Gremios de la comunicación y expertos advierten que la medida generará un severo impacto inhibidor en el ejercicio del periodismo de investigación.
Un filtro inhibidor para el Periodismo
Organizaciones como el Colegio de Periodistas de Chile y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denuncian que la normativa actúa como un filtro inhibidor. El temor a enfrentar penas de presidio o multas millonarias forzará una autocensura en los medios de comunicación. Esta situación afectará directamente la viabilidad de reportajes profundos, apagando voces críticas antes de que la información pueda ver la luz.
Criminalización de la labor informativa
El núcleo de la controversia radica en que el texto no solo persigue al funcionario público que rompe el secreto de sumario. La redacción actual de la norma abre la puerta a criminalizar la labor de informar, persiguiendo penalmente a los reporteros y editores que difunden los antecedentes. Los detractores señalan que se confunde la filtración con el legítimo derecho a la información y el deber periodístico de fiscalizar los poderes del Estado.
Freno a la fiscalización de la corrupción
Históricamente, los grandes casos de corrupción pública y empresarial en Chile han salido a la luz gracias a revelaciones de la prensa basadas en documentos de carpetas investigativas. ¿Será eso lo que se quiere frenar?
Al crear un anexo secreto de hasta 90 días e impedir el acceso a piezas clave, la ley obstaculiza de forma drástica la fiscalización ciudadana. El Periodismo de investigación perdería su capacidad de auditar los procesos judiciales, dejando en la opacidad las redes de influencia y el mal uso de recursos públicos.